Quiero desheredar: cómo y en qué casos puedo hacerlo

A menudo escuchamos esta expresión de boca de alguna persona/cliente, no familiarizada con el mundo del derecho, utilizada para referirse a algo diferente a su significado real. Y es que se utiliza, coloquialmente, para aquella situación donde el causante, por ejemplo nuestro padre o nuestra madre, nos deja el mínimo que por ley esta obligado a dejarnos en herencia. A este mínimo legal lo llamamos legítima estricta, que suele corresponderse para el caso de los descendientes, con un tercio de la masa hereditaria repartida entre tantos herederos como concurran. En este caso, si estamos heredando parte de la herencia, unicamente esa cantidad se ha visto reducida por voluntad del testador, lo cual es perfectamente legal.

Pero este uso no es correcto, por extendido que esté. El Código Civil, en sus artículos 848 y siguientes, establece que la desheredación solo podrá tener cabida por alguna de las causas legalmente previstas y solo podrá hacerse mediante testamento, es decir, no existe la desheredación si no se otorga última voluntad. Y esto es porque, el causante, en el momento de otorgar el testamento expresó su deseo de desheredar a uno o varios de sus legitimarios, basándose siempre en circunstancias graves que pueda acreditar.

 

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Debe quedar claro, por tanto, que desheredar no es privar a alguien del derecho a ser heredero, ya que el heredero es una condición que se adquiere por voluntad del testador. Solo podemos desheredar herederos forzosos (legitimarios) es decir, aquellos cuyo derecho a heredar y proporción de la masa hereditaria que les corresponde, está protegido y garantizado por ley.

Las causas genéricas mas comunes para poder desheredar son:

  • Haber atentado contra la vida del testador, de su cónyuge, ascendientes o descendientes.
  • Haber acusado al testador de haber cometido un delito con pena de cárcel, de los llamados “graves” si se hubiese acreditado que dicha acusación fue calumniosa.
  • Cuando siendo mayor de edad y conociendo la naturaleza violenta de la muerte del testador, no lo comunique.
  • Cuando mediante amenaza o violencia impida al testador realizar testamento o realizarlo en unos término, o ocultarlo si supiese de su existencia.

 

Para el caso en el que el testador es el padre o algún ascendiente del legitimario, las causas para desheredar son las siguientes. En primero lugar, haber negado alimentos a la persona que nos deshereda (padre o ascendiente). En este punto hay que matizar que no es necesaria que la petición conlleve una demanda judicial de alimentos, sino simplemente una solicitud, que para ser acreditable deberá ser por escrito, donde se manifiesta al desheredado la necesidad de recibir alimentos por su parte, lo cual incluye todo lo necesario para cubrir las necesidades básicas de una persona, como el alimento o la habitación.Y en segundo lugar que haya maltrato de obra o de palabra

 

Para el caso en el que el testador es el hijo y los legitimarios los padres o ascendientes, las causas para que la desheredación se pueda llevar a cabo varían. Se considera causa justa el haber perdido la patria potestad por desatender los deberes como progenitor (es decir, solo en herencias donde el causante es el hijo y los legitimarios cualquiera de los progenitores), haber atentado contra la vida del otro progenitor (siendo irrelevante si existía aún vínculo matrimonial o no), haber abandonado, corrompido o prostituido a sus hijos, y al igual que ocurre para el caso en los que los legitimarios son descendientes, que el ascendiente haya negado alimentos.

 

El último supuesto de desheredación es el del cónyuge, y estara justificada esta privación del derecho a heredar cuando se hayan incumplido a lo largo del tiempo, de forma grave y repetida los deberes inherentes al matrimonio, entre los que cabe destacar guardarse fidelidad, vivir juntos o actuar en beneficio del otro cónyuge y sus ascendientes y descendientes.

Y un segundo supuesto, que se hayan dado alguna de las causas previstas para la pérdida de la patria potestad, haberle negado alimentos o haber atentado contra su integridad.

Dicho esto, hay que tener claro que, tal y como señala en Código Civil, en su artículo 851,  la desheredación hecha sin justa causa, sin expresión de la misma  o habiendo sido expresada resulte desvirtuada, anulará la institución de heredero en aquello que perjudique al desheredado.

Si usted ha sido desheredado y cree que el testador se ha basasdo en causas injustas o inexistentes, le recomiendo que contacte con un especialista que le pueda ofrecer el mejor asesoramiento.

 

LA ILICITUD DE GRABACIONES EN UN PROCESO PENAL

En ocasiones, durante la práctica penal, nos encontramos con que, en una causa, se presentan unas grabaciones en las que nuestro propio cliente admite haber realizado el acto delictivo del que viene siendo investigado. Pero, ¿es lícito este medio de prueba? 

Lo primero que debemos tener claro, es que para que una prueba sea lícita, es necesario que se haya obtenido sin vulnerar ningún derecho fundamental (artículo 11. 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). Y, ¿qué derechos fundamentales ha podido violar una grabación obtenida sin el consentimiento de nuestro mandante? Son tres derechos los que se nos vienen a la mente: el derecho al secreto de las comunicaciones, el derecho a la intimidad, y sobre todo el derecho a un proceso con todas las garantías y a no declararse culpable.
En cuando al secreto de las comunicaciones entendemos, así como entiende la jurisprudencia, que este no se ve vulnerado, pues se tratan de conversaciones que tanto emisor como receptor han decidido compartir por su propia voluntad. La grabación que un particular hace de sus propias conversaciones, no supone un atentado contra el secreto de las comunicaciones (STS 28-10-2009). Cosa distinta sería que un tercero ajeno a una conversación, la grabase y distribuyese. En ese caso, si estaríamos ante una violación clara del derecho al secreto de las comunicaciones. La propia jurisprudencia entiende que, tampoco vulneraríamos el citado derecho aún cuando uno de los interlocutores pusiera él manos libres del teléfono móvil, permitiendo que quien estuviera a su lado escuchase la conversación, o quien mostrase una carta que ha recibido. 
En cuanto al derecho a la intimidad, la jurisprudencia también es clara. No se está vulnerando tal derecho en tanto que no se traten temas que afecten a la esfera íntima de la persona. Para ello, se atenderán a las circunstancias del caso.

En cuanto a la vulneración del derecho a no declararse culpable, nos encontramos con que existe una gran polémica dentro la jurisprudencia. La mayoría de la jurisprudencia entiende que , cuando una declaración autoinculpatoria se obtiene mediante argucias y actos preparatorios para conseguirlas, es nula, siempre y cuando, esta confesión este arrancada por un interlocutor que se encuentre en una posición de superioridad, ya que se estaría consiguiendo de manera extra procesal, mediante engaño, rompiéndose de esta manera la relación estado/ciudadano. No son ilícitas cuando la confesión se consigue en la esfera privada. Aunque esto último debe tomarse en cuenta con matices. Por ejemplo, si una persona consigue una confesión de un investigado grabándola dentro de una conversación privada previamente preparada y con la firme intención de utilizarla como medio de prueba en juicio, aconsejada por un funcionario público, esta grabación, a pesar de realizarse dentro de una relación privada, sería nula. 

¿Qué necesito para reagrupar a mi familia?

Si eres una de esas personas que por diferentes causas, te encuentras en territorio español legalmente y quieres reunir a tu familia contigo, poniendo fin a esa situación angustiosa y nada deseada de encontrarte lejos de tus seres queridos, debes de tener en cuenta lo siguiente:

¿A quiénes puedo reagrupar?

1.- A tu cónyuge, siempre que el matrimonio sea legal y que no se esté separado. Del mismo modo, se podrá reagrupar a tu pareja de hecho  o con quien mantengas una relación análoga al matrimonio constituida antes de venir a España.

2.- A tus hijos y a los de tu cónyuge (incluidos los adoptados) que sean menores de 18 años o incapacitados, siempre que no estén casados.

3.- A menores de 18 años o incapaces si eres su representante legal.

4.- A tus ascendientes y a los de tu cónyuge, siempre que se tenga una autorización de residencia de larga duración.

5.- Excepcionalmente, cuando concurran razones de carácter humanitario, podrá reagruparse al menor de sesenta y cinco años.

Pero para poder reagrupar a cualquier familiar de los anteriormente mencionados, la administración y la normativa requieren del cumplimiento de los siguientes requisitos. Si bien, todo lo relacionado con éste trámite lo podemos encontrar en la Directiva 2003/86/CE, de 22 de septiembre, sobre reagrupación familiar, en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y en el Reglamento, aprobado en el Real Decreto 557/2011 de 20 de abril. Los requisitos en cuestión son:

1.- No ser ciudadano de un Estado de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza, o familiar de ciudadanos de estos países a los que les sea de aplicación el régimen de ciudadano de la Unión.

2.- No encontrarse irregularmente en territorio español.

3.- Carecer de antecedentes penales en España y en sus países anteriores de residencia por delitos existentes en el ordenamiento español.

4.- No tener prohibida la entrada en España y no figurar como rechazable en el espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido.

5.- Tener asistencia sanitaria por estar cubierta por la Seguridad Social o contar con un seguro privado de enfermedad.

6.- No padecer ninguna de las enfermedades que pueden tener repercusiones de salud pública graves de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Sanitario Internacional de 2005.

7.- No encontrarse, en su caso, dentro del plazo de compromiso de no retorno a España que el extranjero haya asumido al acogerse a un programa de retorno voluntario.

8.- Haber abonado la tasa por tramitación del procedimiento.

9.- Tener medios económicos suficientes para atender las necesidades de la familia. Se podrán computar los ingresos aportados por el cónyuge o pareja u otro familiar en línea directa y primer grado, residente en España que conviva con el reagrupante. No serán computables los ingresos provenientes del sistema de asistencia social. Las cuantías mínimas son las siguientes:

  • Para unidades familiares que incluyan dos miembros (reagrupante y reagrupado) se exige una cantidad mensual del 150 % del IPREM, que asciende a 799 euros.
  • Por cada miembro adicional se deberá sumar, el 50% del IPREM, es decir se sumarían 266 euros.

10.- Disponer de vivienda adecuada.

11.- El reagrupante deberá haber residido en España durante un año como mínimo y haber obtenido autorización para residir por, al menos, otro año. Para reagrupar a los ascendientes el reagrupante deberá ser titular de una autorización de larga duración o larga duración-UE.

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Atendiendo a los requisitos que se nos piden cumplir, podemos hacernos una idea de la documentación que se nos exigirá a la hora de presentar la solicitud. Suelen presentarse copias de la documentación, pero debemos llegar los originales también el día que acudamos a la cita para presentar la solicitud. La documentación exigida es la siguiente, teniendo en cuenta, que cuando se aporten documentos de otros países, éstos deberán estar traducidos al castellano o lengua cooficial del territorio donde se presente la solicitud:

1.- Impreso de solicitud en modelo oficial (EX–02) por duplicado, debidamente cumplimentado y firmado por el reagrupante.

2.- Copia del pasaporte completo, título de viaje o cédula de inscripción en vigor del reagrupante.

3.- Copia compulsada de la documentación que acredite que cuenta con empleo y/o recursos económicos suficientes para atender las necesidades de la familia. Para ello podrá presentar:

-En caso de realizar actividad lucrativa por cuenta ajena (Copia del contrato de trabajo y/o última declaración del IRPF.

-En caso de realizar actividad lucrativa por cuenta propia (Acreditación de la actividad que desarrolla y/o última declaración del IRPF)

-En caso de no realizar ninguna actividad lucrativa en España: cheques certificados, cheques de viaje o cartas de pago o tarjetas de crédito, acompañadas de una certificación bancaria de la cantidad disponible como crédito de la citada tarjeta o certificación bancaria.

4.- Documentación acreditativa de disponer de vivienda adecuada. Para ello deberá adjuntar informe expedido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma del lugar de residencia del reagrupante. El informe podrá ser emitido por la Corporación Local cuando así se haya establecido por la Comunidad Autónoma.

5.- Copia del pasaporte completo y en vigor o del título de viaje del reagrupado.

6.- Copia de la documentación acreditativa de los vínculos familiares o de parentesco o existencia de la unión de hecho o de la representación, y además:

7.- Documentación acreditativa de tener garantizada asistencia sanitaria.

Nosotros somos expertos en la materia y les ayudaremos en éste y otros trámites para la consecución de sus objetivos, en este caso en reunirse con su familia.

Quiero hacer testamento: ¿cómo?

A todos en algún momento de nuestra vida nos surge la inquietud, ya sea por enfermedad, por edad avanzada, por problemas familiares o simplemente porque nos llegan noticias de algún que otro conocido que lo ha hecho, de plasmar en un papel aquello que queremos que se cumpla sobre nuestros bienes una vez que se producza nuestro fallecimiento: queremos testar.

Según el artículo  662 del Código Civil , puede testar cualquier persona que no este incapacitada para ello, siendo estas excepciones las de los menores de 14 años o el que de forma habitual no pueda regirse por si mismo por cuestiones psiquicas.

Hay varias formas de hacer testamento, por en esta entrada nos referiremos concretamente al modo mas habitual y conocido: el testamento abierto.Es aquel que se otorga en escritura publica y en presencia de la persona que debe autorizar el acto, es decir, el notario. El coste de discha disposición de voluntad es muy adsequible y ahorra tiempo y costes en el momento en que se produzca la defunción.

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A la hora de hacer testamento debemos tener en cuenta que existen los llamados “herederos forzosos”. Son aquellas personas que la ley protege con la legítima, aquella porción de herencia de la que el testador no puede disponer si existen dichos herederos.

Esta porción variará según que tipo de herederos forzosos tengamos y según en la Comunidad Autónoma en la que lo otorguemos. Aquí vamos a mencionar las establecidas en la ley civil, rigiendo las autonómicas en primera instancia en caso de que existan.

  • En el caso de que el testador cuente con descendientes, se corresponde con las dos terceras partes, pudiendo disponer de uno de esos dos tercios como mejora para alguno de los descendientes
  • Cuando el testador no dispone de descendientes y si de ascendientes, la legítima se corresponde con la mitad de la masa hereditaria, salvo si existe cónyuge viudo, en ese caso,  se reduce a una tercera parte de la herencia.
  • El cónyuge viudo tambien lo será de parte del usufructo, pudiendo legar bien el usufructo de un tercio o el usufructo universal de todos los bienes, con las especialidades que ya hemos mencinado en el punto anterior si concurre a la herencia con ascendientes.

Una vez que hemos tenido esto en cuenta, el resto de la herencia es disponible, por lo que podemos legar el bien en favor de alguno de nuestros herederos o bien de un tercero.

Que otorguemos un testamento, no es impedimento para que podamos otorgar posteriores disposiciones testamentarias diferentes. La única que tiene validez a fecha de fallecimiento es la última de ellas otorgada validamente, y ella a su vez revoca todas las anteriores.

No es preciso que comparezcan testigos a la firma del testamento, tan solo será necesario cuando el otorgante no sepa firmar, no sepa o no pueda leer o sea invidente. En el resto de casos, el notario es el encargado de comprobar que una persona está capacitada para dictar su voluntad.

Así mismo, podemos disponer en testamento de las sustituciones que, en caso de que los herederos no puedan suceder, ya sea por incapacidad o por premoriencia respecto del testador, sean llevadas a cabo en el momento de suceder.

Es aún mas recomendable, si cabe, hacer testamento en aquellos casos en los que no tenemos herederos forzosos, o si queremos que un tercero reciba parte de la herencia, ya que en la sucesión intestada se estará a lo dispuesto por ley, tanto para herederos forzosos como para el resto de herederos que serán siempre los familiares vivos mas próximos.

Igualmente es necesario hacer testamento cuando queremos disponer sobre el futuro de ciertos bienes, que desde el punto de vista del derecho de sucesiones llamaremos legados. Dichos legados, son bienes cuya disponibilidad dependerá de que el resto del caudal hereditario sea sufriciente para cubrir la parte de legítima que por ley se establece.

Por todo lo anteriormente expuesto, y porque a lo largo de nuestra vida pueden surgir numerosas vicisitudes que queramos dejar reguladas antes de fallecer, no solo sobre bienes presentes sino tambien sobre derechos como por ejemplo tutelas, recomendamos hacer testamento. Tanto en presencia de un notario como de un abogado, podrá ser asesorado debidamente acerca de los pasos a seguir, y lo que es mas conveniente para usted y para su patrimonio. Y dejará constancia de su voluntad para que sea ejecutada y respectada una vez fallezca.

EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL POR INJURIAS Y CALUMNIAS

Tanto las injurias como las calumnias son delitos contra el honor que sólo pueden ser perseguidos a instancia de parte.

Hoy en día, las redes sociales están acrecentando este tipo de delitos por la facilidad del insulto y la acusación bajo el anonimato que las mismas ofrecen. Sin embargo, debemos tener en cuenta, que el insulto grave y la calumnia, no queda exento de responsabilidad.

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El delito de injuria consiste en expresiones que lesionan la dignidad de las personas perjudicando a su dignidad, y para que sea delito, ha de ser grave. La pena por un delito de injurias es de multa de 3 a 7 meses, y si la injuria se difunde con publicidad la pena será de multa de 6 a 14 meses

Por su parte, el delito de calumnia se da cuando se acusa a otra persona de haber cometido delito a sabiendas de su falsedad. La pena por un delito de calumnia es de multa de 4 a 12 meses, y si la calumnia se difunde con publicidad la pena será de prisión de 6 meses a 2 años, o multa de 12 a 24 meses

El acusado quedará exento de responsabilidad cuando se diera el perdón del ofendido que deberá ser expreso y anterior a la notificación de la ejecución de la pena.

El procedimiento a seguir por delitos de este tipo es distinto. Para empezar, antes de presentar la querella, que necesitará de abogado y procurador, habrá que incluir certificación de haberse llevado a cabo un acto de conciliación, aunque este sea fallido. Además, si son realizadas en juicio, será necesaria la autorización del juez ante las que fueron vertidas. Eso si, la ley indica que esta autorización en ningún caso será prueba bastante para la imputación.

 

Si el querellado admitiese haber realizado las injurias o calumnias de las que se le acusa, y estas se hicieran por escrito, se dará por concluido el sumario, siendo procesado.

Por otro lado, si se hubieran realizado de forma verbal, se realizará un juicio verbal en el que se citará a cuantas personas estuvieran implicadas, así como, a testigos que las presenciaran, en este punto hay que manifestar que en ningún caso se admitirán testigos de referencia.

Si usted ha sido víctima de injurias o calumnias, es preciso que se asesore cuanto antes por un profesional, puesto que, será necesaria su presencia a lo largo del procedimiento, tal y como se ha explicado.

¿Necesitas reducir tu jornada laboral por guarda legal?

En el transcurso de nuestra vida, hay momentos en los que ya sea por un suceso extraordinario (accidentes, etcétera…) o por el devenir biológico de nuestra vida y el de nuestros familiares, donde nos encontramos en la situación de necesitar una reducción de jornada por guarda legal.

La regulación legal de tal derecho, la podemos encontrar en el artículo 37.5 del Estatuto de los Trabajadores y dice así:

5. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla.

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.

El progenitor, adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o permanente, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario de, al menos, la mitad de la duración de aquélla, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del Servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la Comunidad Autónoma correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años. Por convenio colectivo, se podrán establecer las condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas.

Las reducciones de jornada contempladas en el presente apartado constituyen un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.

  1. La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de jornada, corresponderán al trabajador, dentro de su jornada ordinaria. No obstante, los convenios colectivos podrán establecer criterios para la concreción horaria de la reducción de jornada, en atención a los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del trabajador y las necesidades productivas y organizativas de las empresas. El trabajador, salvo fuerza mayor, deberá preavisar al empresario con una antelación de quince días o la que se determine en el convenio colectivo aplicable, precisando la fecha en que iniciará y finalizará el permiso de lactancia o la reducción de jornada.

Las discrepancias surgidas entre empresario y trabajador sobre la concreción horaria y la determinación de los períodos de disfrute serán resueltas por la jurisdicción social a través del procedimiento establecido en el artículo 139 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social.

  1. Los trabajadores que tengan la consideración de víctimas de violencia de género o de víctimas del terrorismo tendrán derecho para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, a la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa.

Estos derechos se podrán ejercitar en los términos que para estos supuestos concretos se establezcan en los convenios colectivos o en los acuerdos entre la empresa y los representantes de los trabajadores, o conforme al acuerdo entre la empresa y los trabajadores afectados. En su defecto, la concreción de estos derechos corresponderá a éstos, siendo de aplicación las reglas establecidas en el apartado anterior, incluidas las relativas a la resolución de discrepancias.

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Para su obtención y disfrute, el trabajador deberá preavisar con al menos 15 días de antelación al inicio de una reducción de jornada notificando por escrito a la empresa, la fecha de inicio de reducción y la fecha de fin del mismo, aunque ésta última puede ser objeto de modificación durante la reducción. Hay que tener especial atención a lo dispuesto por los convenios colectivos que pueden hacer variar los requisitos para su obtención.

La controversia puede surgir en la elección del horario en el que podemos disfrutar dicha reducción, por ello debemos tener en cuenta que la reducción debe realizarse dentro de la jornada ordinaria de trabajo que realiza el trabajador, con independencia de lo indicado por el contrato o el horario del centro de trabajo, es decir, tu horario puede ser diferente a lo establecido en contrato, por ello hay que atenerse al horario efectivo que realizas no al estipulado y que puede estar sujeto a modificaciones.

Debemos tener en cuenta, que la reducción es diaria, es decir aplicable a todos los días de la semana en los que trabajemos, no podemos pretender de este modo acortar nuestra jornada que es de lunes a domingo y dejarla en lunes a viernes y, además, la reducción de jornada lleva aparejada la reducción de salario del trabajador.

Como ya habéis leído en lo establecido en el articulado del Estatuto de los Trabajadores, la empresa no puede negarse a la reducción de jornada solicitada, cuestión a parte y como he mencionado anteriormente es que pueda presentarse conflicto en el horario escogido. Pero por normal general los trabajadores pueden elegir el horario en el que van a prestar sus servicios en cualquiera de los turnos existentes en su empresa.

Por lo tanto, si te encuentras en esta situación, no dudes de acudir a un abogado, en este caso a nosotros para llevar a cabo su solicitud de reducción con todas las garantías o ante cualquier conflicto que pueda surgir tras su petición.

La parte menos bonita de toda transmisión: la “plusvalía” municipal.

La famosa plusvalía municipal (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, IIVTNU) es, muchas veces, esa inesperada “carga” a la que debemos hacer frente cuando se produce una transmisión, ya sea a título gratuito u oneroso, de cualquier inmueble urbano.

Viene recogida en la Ley reguladora de Haciendas Locales (texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 y  expone: “tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto la consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos”.

La administración que genera este impuesto es municipal, son los Ayuntamientos los que gestionan de forma unilateral la regulación del mismo mediante ordenanzas. Por tanto, dependiendo del lugar donde radique el inmueble en cuestion, variará su cálculo y los tipos aplicables al mismo. Y lo que grava es el incremento que puede haber experimentado el valor del suelo desde el momento en que adquirimos el inmueble hasta el acto de la posterior transmisión.

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Como hemos dicho, este impuesto nace a raíz de transmisiones de inmuebles de naturaleza urbana, ya sea por herencia, donación, compraventa o permuta. Y no solo la transmisión a título de dueño, también la de los derechos de goce, como el usufructo, o la concesión de derechos de habitación.

El sujeto pasivo y el que debe hacer frente a este impuesto variará según el tipo de trasmisión. En las transmisiones gratuitas, como las donaciones, el sujeto pasivo sería el adquirente del inmueble. Mientras que, en las onerosas como la compraventa, el sujeto pasivo es el comprador.

¿Y qué tenemos que tener en cuenta a la hora de calcular la base imponible de este impuesto? Lo primero de todo, como ya hemos advertido, la ordenanza municipal del Ayuntamiento del lugar donde se encuentra el bien transmitido.

En segundo lugar, se rige según el número de años transcurridos desde esa primera adquisición y la posterior o actual. Por ejemplo, supongamos que adquirimos nuestra casa en el año 2000 y decidimos venderlo a un tercero en el 2016. Deberemos tener en cuenta los 16 años transcurridos, el valor de suelo actual y la porción de la que somos titulares y transmitimos. Y dependiendo de ese número de años también será aplicable un tipo de gravamen diferente, siendo más gravosa la operación cuantos más años haga que adquirimos, con el límite de 20 años, por lo cual, a todos los años que rebasen ese límite les será aplicable el mismo tipo de gravamen que para 20 años.

En algunos municipios, se contempla una bonificación para algunas transmisiones entre familiares cuando los sujetos pasivos que se encuentren empadronados en la vivienda, para los casos por ejemplo de transmisiones mortis causa, lo cual lo acreditaremos mediante el correspondiente certificado de empadronamiento.

El plazo del que disponemos para cumplir con esta obligación tributaria es de seis meses desde que se produce el hecho imponible, es decir, la venta, la donación, el fallecimiento, etc.Como ocurre para cualquier otro impuesto, podemos solicitar prorrogas o fraccionamientos para facilitar el pago, ya que puede llegar a ser muy elevado. Y el plazo de prescripción del mismo es de cuatro años, tras los cuales la administración local no podrá exigirnos su abono si no lo habíamos hecho hasta el momento.

Siempre ha sido objeto de controversia y es numerosa la jurisprudencia que afirma que goza de presunción “iuris tantum” susceptible de prueba en contrario. En aquellos casos que podamos acreditar, con los oportunos medios probatorios, que realmente no se ha producido un incremento real en el valor del suelo en el periodo que se devenga, no tendríamos que liquidar este impuesto. Ejemplos jurisprudenciales que defienden esta corriente son la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo Nº 13 de Barcelona, de 22 de enero de 2013 o la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su sentencia de 21 de abril de 2.014.

El caso, quizás el el que es mas “dificil” si cabe asumir el sentido del devengo de este impuesto es aquel en el que la tranmisión se produce como consecuencia de un fallecimiento. Si los herederos deciden no adjudicar los bienes objeto de herencia, entre ellos inmuebles, y simplemente llevan a cabo los trámites obligatorios para evitar problemas tributarios sin que se produzca por tanto una transmisión real de los inmuebles herededados, sin que cambie su titularidad real y sin que, en la mayoría de casos tras la crisis económica, haya un incremento del valor de suelo desde que se compró hasta la fecha de tranmisión (la de fallecimiento), estos mismos herederos se encuentran con la desagradable sorpresa de tener que abonar obligatoriamente unas cantidades en concepto de plusvalía municipal que en muchos casos suponen incluso la renuncia a esos derechos hereditarios, ante la inexistencia de medios económicos suficientes para hacerlos frente.

Por muy injusto que nos parezca, muchos ayuntamiento siguen manteniendo vigente a día de hoy este impuesto, por lo que es importante conocer cuando tenemos que abonarlo, como podemos hacerlo y los posibles recursos de los que disponemos como contribuyentes para no padecer una situación injusta.